Yéffim Gero Fong
El 4 de febrero apareció en El Diario Digital la nota: Protestan frente a sede militar por desaparición de personas. El ejército secuestró en Ciudad Juárez, a Jesús Portillo y a Octavio García Castro y los tiene desaparecidos. Dos nombres que quizás no nos dicen algo, excepto que son dos seres humanos. En los comentarios a la nota varias personas denunciaron otros atropellos del ejército, pero hubo un comentario que demuestra una tendencia peligrosa, clima de persecución. El comentario de alguien que se hace llamar Juaritos, dice:
“Con todo respeto para las familias de los detenidos y/o desaparecidos, primero infórmense en que líos andan metidos sus parientes o cual es su ocupación y con quien se juntan y hasta sus vicios, nadie ni los soldados, policías, sicarios o delincuente en general levanta a alguien por nada…”
Este comentario justifica que los soldados y los policías hagan levantones, desde luego ilegales. Además pone las actividades de las fuerzas del orden al mismo nivel que las actividades de los sicarios y los delincuentes en general. Al menos tiene el mérito de retratar la realidad con más honestidad que las mismas autoridades. Pero la postura del comentarista se viene convirtiendo en un estándar en la población que viene a compaginar con el estado de excepción que vivimos en Ciudad Juárez donde están suspendidas las garantías individuales. La ley es clara: nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario. La culpabilidad de alguien debe ser demostrada en un juicio justo donde haya posibilidad de defensa y por último el castigo, en caso de que resulte la culpabilidad, debe ser conforme a lo que marca la ley. No se trata de un mero formalismo; las fuerzas del orden son las primeras que deben cumplir la ley pues de lo contrario no hay absolutamente nada que las distinga del crimen organizado. Y no podemos dejar de preguntarnos, ¿será porque precisamente las fuerzas del orden ya están implicadas en el crimen, que no cumplen la ley? A falta de un ejercicio de justicia claro, la vox populi se convierte en juez y así invierte los términos, se asegura que la gente anda metida en algo malo y la prueba es que aparece torturada, muerta o está desaparecida, así que no se necesita una investigación veraz para determinar quién es delincuente y quién no; simplemente apareciendo una persona ejecutada, automáticamente tenemos "un delincuente menos". Sólo de esta manera, es decir en la lógica de la guerra absurda, la autoridad puede presentar “resultados” contra el crimen y así se justifica.
El 31 de enero apareció en el periódico El Norte la nota “Brindarán seguridad a la UACJ. Crean Comités de Seguridad Escolar para los cuatro institutos del plantel”. Se trata de grupos especiales creados por la universidad en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con la facultad de recibir denuncias de ilícitos y turnarlos a la autoridad. La idea en sí no es mala; lo peligroso es el contexto en el que se da. Tenemos un grupo especial en la universidad que recibe quejas anónimas y turna el caso a la policía, luego tenemos una policía militarizada y sin ninguna credibilidad, luego tenemos unos militares que secuestran, torturan y matan y por último tenemos una sociedad que comienza a justificar las tendencias del crimen institucionalizado. ¿Dónde está nuestra seguridad?
Tendencias peligrosas
